El país renueva sus autoridades municipales y congresuales, con un significativo cambio en lo que será la correlación de fuerzas partidarias, el control y la visión del manejo de la cosa publica.
Algunos de los nuevos incumbentes llegan a un escaño como caído del cielo, fruto no de un compromiso verdaderamente serio ante sus comunidades sino más bien por las “casualidades” políticas que pudimos apreciar en el pasado concurso eleccionario, a raíz de las fusiones de mansos y cimarrones.
La confianza ciudadana se deposita con la esperanza de que sus nuevas autoridades municipales y congresuales respondan a un mínimo de compromiso ante el país, y que ciertamente se cumplan las promesas de mejorar el manejo de la cosa publica y la imagen de instituciones de las que la sociedad reclama un comportamiento ético y cívico que se corresponda con la investidura del cargo que se desempeña y la delegación con que se les ha beneficiado.
Los nuevos incumbentes municipales y congresuales deben reforzar la conciencia cívica, que no es más que la consciencia de pertenecer a un único cuerpo social, independientemente de la bandería política, y de la cual nace el deber de comportarse con justicia hacia los demás, de no despreciarlos, de no perjudicarlos; además, de no sacar provecho propio perjudicando a la colectividad, sino favorecer el bien común. Es a esto último que algunos han ido definiendo como el derecho-deber de participar en la cosa pública.
Se reconoce como el principio fundamental de la ética pública aquel de que la administración pública es conferida, delegada, siempre y sólo para el interés colectivo, para el bien de la comunidad.
Como base ético-jurídica se encuentran el principio de legalidad, el principio de imparcialidad y el principio de una buena administración, principios que imponen por fuerza una guía o manual para la conducción de la cosa pública en función del bien común.
Si bien nuestro país parece que todavía cuenta con alguna reserva de su capacidad de asombro, no menos cierto es que hay necesidad de tomar consciencia, como diría en una ocasión el Papa Juan Pablo II, de que “… la vida se realiza en nuestra elecciones cuotidianas. Y los responsables políticos, porque tienen el papel de administrar la cosa pública, pueden, mediante sus opciones personales y los programas de acción, orientar sociedades enteras hacia la vida o la muerte”.
El país clama por la vida, en todos los sentidos, y nuestras nuevas autoridades tienen el reto de orientarnos hacia ella. Es vital que se ponga atención a sus necesidades perentorias, aquellas que han venido deteriorando los valores patrios y las que han desencadenado un desgano en el espíritu del pueblo dominicano.
Rescatemos esa conciencia cívica, aquella de que somos un mismo cuerpo social, y sirvamos a la patria como merece ser servida.