28/10/2010 07:00 p.m.

¿Es el anteproyecto de presupuesto de 2011 una expresión de las prioridades de la nación? 

¿Se corresponde con las prioridades y metas establecidas en la propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo?

¿Toma en cuenta el cumplimiento de las leyes relacionadas con la distribución del gasto público?

¿Se asignan los recursos acorde a lo que establece la Constitución sobre la función del Estado y su obligación de proteger derechos ciudadanos fundamentales?

Estas preguntas tienen una sola respuesta: No, la cual se sustenta en los hechos siguientes:

1. El gasto social se reduce, a pesar del reiterado reconocimiento de que la economía crece y de los elevados niveles de pobreza y desigualdad existentes.  En el presupuesto de 2010 se asignó a servicio sociales el equivalente a solo 7.7% del PIB y para el año 2011 se reduce a 7.3% (cerca de la mitad del promedio de América Latina y el Caribe).
2. La situación de la educación sigue siendo dramática y no hay perspectivas de cambio. El gasto público en el sector programado para el próximo años será de solo 2.37% del PIB. Una vez más, oídos sordos al clamor nacional para que se aumente el gasto y la calidad en la enseñaza; ojos cerrados ante el evidente impacto positivo de la educación en todos los órdenes e indiferencia ante la vergüenza internacional que representa encontrarnos en los últimos lugares en todos los indicadores relacionados con la enseñanza. Una situación similar ocurre en las áreas de salud, asistencia y seguridad social, vivienda, agua potable y alcantarillado.
3. En cambio, la carga de la deuda aumenta significativamente. Gran parte de los nuevos préstamos va destinada al pago de deudas anteriores, lo que se agrava por el deterioro en la calidad del gasto y su consecuente bajo retorno social y económico. Para el año 2011 se prevé destinar al pago de capital e intereses RD$113,613 millones, equivalente al 41% de los ingresos tributarios, mientras se gestionarán nuevos financiamientos por un monto de RD$97,259 millones (equivalente a alrededor de US$2,600 millones).
4. El anteproyecto de presupuesto es una negación de la propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Así lo evidencian las proyecciones del gasto social, el cual sería de un promedio anual de 7.4% para el período 2011-2013, inferior al promedio registrado en 2008-2010, que fue de 8.1%.
5. Se continúa desconociendo lo establecido en el Plan Decenal de Educación y en el Plan Decenal de Salud, y nueva vez se violenta lo dispuesto por diferentes leyes que establecen asignaciones presupuestarias mínimas en determinadas áreas, como es el caso de la Ley Orgánica de Educación (4% del PIB o 16% del gasto público total, el monto que resulte mayor) y la Ley que asigna el 10% de los ingresos a los municipios.
6. En la Ley de Seguridad Social se estableció un plazo de 10 años para lograr la cobertura universal, el cual vence en mayo de 2011. No se han asignado los fondos necesarios para completar la cobertura del Régimen Subsidiado y ninguna partida para el Régimen Contributivo Subsidiado, el cual aún no se ha iniciado luego de más de 9 años de vigencia de la Ley.

Reclamamos al Congreso Nacional asumir el rol que le asigna la Constitución y aprobar un presupuesto que contribuya al desarrollo de la nación, alineado a las necesidades prioritarias de la población y, por tanto, que no incluya asignaciones de fondos para gastos injustificados social y económicamente, como es el caso de los denominados programas sociales de los legisladores (barrilito y cofrecito) o el gasto tributario que representan las exoneraciones de impuestos para la adquisición de vehículos de lujo.

Exhortamos a la ciudadanía a movilizarse en demanda de un gasto público de calidad, que efectivamente proteja derechos económicos y sociales fundamentales, manejado acorde a lo que establece la constitución y las leyes. Demandamos legalidad y legitimidad en la gestión presupuestaria.

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