Si no somos los mejores, estamos muy cerca en aquello de la inventiva: el mecánico siempre le quita algo al carro porque “eso es para otros países, aquí no se usa”; el hombre del aire acondicionado elimina el “termostato pa`ponelo directo y enfríe más”.
Nuestros expertos en fraudes superan las tecnologías y más cuando se trata de visas. La película no ha llegado al estreno y ya la tiene el pirata que vende en secreto con una mochila que no disimula para nada en el parqueo del centro comercial y que ya es parte de nuestra “normalidad” y, la más reciente, es la osadía dominicana de pretender “invisible” como sinónimo de transparencia, para dejar chiquita a la Real Academia de Lenguas.
El último reporte global sobre transparencia de este año suscrito por el “guru” de Privacy Internacional, David Banisar, refleja como el movimiento hacia una apertura de la administración ha ido creciendo incorporándose nuevos países, unos 70 en la actualidad, con realidades que reflejan claramente el reconocimiento, tanto de gobernantes como gobernados, de que “el derecho a la información es esencial para la participación pública".[1] Este es uno de los llamados “nuevos derechos” que han ido emergiendo.
"El público sólo puede participar verdaderamente en el proceso democrático cuando tiene información acerca de las actividades y políticas del Gobierno".
El secretismo y misterio que históricamente adornan la actuación de nuestras administraciones públicas de todas las épocas, se han visto forzados a ceder por la exigencia cada vez mayor de transparencia, principalmente en la que algunos llaman “la era global de la información”.
Podemos afirmar, por tanto, que éste derecho se caracteriza por ser ciertamente un mecanismo de control de la actuación de la administración pública y un medio para una eventual rendición de cuentas de una gestión determinada. Vista así, constituye es una herramienta fundamental en una sociedad que se precie de ser democrática y transparente.
Es claro que esto requiere entrenamiento de manera que todos asumamos la cultura de la transparencia, tanto administración y administrados, sociedad civil y sociedad política, porque de lo contrario haremos de la ley, parafraseando a alguien, “un simple pedazo de papel”.
Si bien se exige con rigor un mayor nivel de transparencia al gobierno, vale recordar que el gobierno son todos aquellos funcionarios que materializan y concretizan su actividad, de manera que la cultura de transparencia debe ser aprendida, no cuando se llega a la función pública, sino desde antes, siendo sector privado, siendo oposición, empresario, profesional, estudiante, simplemente ciudadano, empezando a cuidar aquello de la doble moral.
Resulta obvio que en la administración pública, se haga un mayor énfasis en la transparencia. Ningún funcionario, no importa su nivel, puede sentirse incomodo por la necesaria exigencia de cumplir la ley; le basta con ajustar su comportamiento al “deber ser” de forma tal que pueda cumplir con ella y hacer de su gestión de administración de la cosa pública totalmente transparente, ciertamente no invisible. En todo caso debe conciliarse con los intereses jurídicos tutelados por las leyes, principalmente aquellos relativos a las personas y, en especial, con el derecho fundamental a la privacidad. Pero eso es diferente a pretender alcanzar la definición de transparencia como sinónimo de invisible. Existen limitaciones, informaciones sujetas a una “excusa legal” provista por la misma ley para impedir su divulgación, pero tampoco quiere decir que la información no esté disponible, sino que su uso es restringido.
Los expertos en esta materia coinciden en señalar como objetivos fundamentales de una cultura de transparencia en la cosa publica el que la misma lleva a reducir la corrupción, ayuda a fomentar la toma de decisiones públicas en base de criterios no arbitrarios, sino consensuados y fundamentadas en argumentos que procuren el uso eficiente de los recursos públicos y, por último, tiende por igual a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Se supone que en todos nuestros discursos, en universidades, peñas y tertulias, en los carros públicos, y donde quiera que surge el tema, todos coincidimos en que se hace necesario lograr desarrollar esta cultura a todos los niveles, por lo que no hay motivo para ver cómo las cosas que interesan a la sociedad salen, en ocasiones, como del sombrero de un mago, sin saber cómo, cuándo, dónde, por qué y, quizás más importante, quién(es). Por tanto, no hay motivo que justifique no avanzar juntos en esa dirección, sin morbosidad, sin importar donde estemos y sin otro interés que no sea el de hacer efectiva la construcción de un mejor país, en donde los recurso tengan un destino eficiente y de impacto en la vida de los dominicanos.
Evitemos, pues, hacer invisible la cultura de transparencia.
Ángel Canò
Centro Juan XXIII.