Nuestros congresistas han demostrado, una vez más, que no están a la altura de ser dignos representantes del pueblo dominicano. Los que de alguna manera participan, lo único que hacen es colocar los intereses particulares y partidarios por encima de los sagrados intereses de la nación y del bien común.
Al no ser producto de una crisis política, el pueblo dominicano creó expectativas de que esta nueva revisión constitucional podía ser una oportunidad preciosa para lograr una Constitución acorde con los tiempos. Esto nos garantizaría un desarrollo adecuado en, por lo menos, los próximos cuarenta o cincuenta años.
Lejos de ese ideal, la Constitución estructurada por nuestros congresistas sólo garantiza un mayor control del Estado por parte de la cúpula política que rodea al ejecutivo de turno que, en la práctica, mantiene secuestradas las otras instancias de poder.
Los asambleístas no estuvieron a la altura cuando no aprobaron el referendo revocatorio. Esto es evidencia de que se desea patentizar la impunidad y mantener la función pública más allá de la voluntad popular.
Suprimieron el derecho individual de demanda en inconstitucionalidad. Un absurdo porque todo ciudadano tiene legítimo interés en que la constitución no sea violentada.
Reafirmaron la composición del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas como dependientes del Poder Ejecutivo. De esa manera no hay posibilidad alguna de enfrentar con seriedad la corrupción y la impunidad.
Esos son solo algunos de los muchos puntos en los que no se alcanzaron las expectativas que el pueblo dominicano había puesto en esta nueva Constitución. Si a este panorama le agregamos el escándalo de las votaciones fraudulentas de los congresistas y el pacto entre Leonel Fernández y Miguel Vargas, el cual suplantó lo que debió ser voluntad libérrima de los legisladores, podemos ir entendiendo por qué no nos sentimos representados.
La conducta poco ética de la gran mayoría de nuestros políticos ha terminado por levantar a una sociedad civil que se encuentra cansada de tanto ultraje.
Si no es ahora, será en otra oportunidad; pero tenemos que lograr una Constitución que separe el Poder Judicial totalmente del Poder Ejecutivo.
Actualmente en el congreso existe un proyecto de modificación constitucional que incluye un Consejo Nacional de la Magistratura con una composición independiente del Poder Ejecutivo y con amplia participación de la sociedad civil. A ese Consejo Nacional de la Magistratura se le otorga, en ese proyecto de modificación constitucional al que nos referimos, la potestad de nombrar a los miembros de la Cámara de Cuentas y al Procurador General de la República.
Bien harían los congresistas si decidieran dar una tercera lectura a los artículos que fueran necesarios para darnos una Constitución más cercana a las expectativas del pueblo dominicano. Una Constitución que permita desarrollar una justicia fuerte, capaz de enfrentar con éxito la corrupción.
Después de todo, nuestra justicia ha sido capaz de condenar y hacer cumplir condena a grandes personajes del ámbito social y económico, pero con esa misma justicia no tenemos un solo político preso.
Mario Bergés
m.berges@centrojuanxxiii.org
Publicado en el Hoy de fecha 21 de octubre de 2009