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viernes, 27 de noviembre de 2009
LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA
El pasado 6 de noviembre celebramos un aniversario más de la primera Constitución Dominicana, la Constitución de San Cristóbal, hecho que representa una fiesta cívica en la que nos remontamos a los cimientos forjadores de la naciente República Dominicana. Esa Constitución de San Cristóbal tiene su historia, una historia que parece acompañarla y que no deja de estar empañada por el espíritu presidencialista del General Santana y que según se narra, en cualquiera de sus versiones, puso en peligro su proclamación.
Recibimos este nuevo aniversario de aquel hecho histórico con una República convulsionada, no por el lenguaje de las armas ni de la tiranía sino por los efectos de un proceso de reforma Constitucional al que la clase política de hoy ha sometido a nuestra Carta Magna. Nos encontramos en la víspera de la proclamación de esta nueva Constitución, resultado de unos trabajos de la Asamblea Nacional Revisora que muestran un nivel de incertidumbre, marcados y salpicados por un acuerdo político que silenció el interés nacional frente al avasallante interés particular de la clase política.
El Centro Juan XXIII, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, elevó su voz de atención y simplemente hoy, ante la inevitable conclusión de la labor de la Asamblea Nacional Revisora y la proclamación de la nueva Constitución, quiere dejar sentada su firme y reiterada posición de cuestionamiento a esos resultados que, en gran medida, no representan los valores de nuestra sociedad, sin alcanzar las aspiraciones del pueblo dominicano.
Reiteramos nuestra preocupación por las consecuencias de este proceso y a su resultado: una Constitución aquejada de suficientes principios democráticos para garantizar la participación de la sociedad; ausencia de mecanismos de vigilancia en el manejo de los bienes públicos; retención de dispositivos fiscalizadores y de control, con una justicia retenida por la clase política en el órgano de su designación y deficiencias garantistas de los derechos fundamentales simplemente enumerados en ella.
Exhortamos a la clase política, a la sociedad civil organizada y al pueblo dominicano a que nos despojemos de los intereses particulares para relanzar nuestra patria fortaleciendo su institucionalidad, principalmente liberando del control del Poder Ejecutivo el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público. Asimismo, despolitizando la Cámara de Cuentas como ente de fiscalización para asegurar el equilibrio y control del poder político.
El proceso no termina. Estamos atentos.
Centro Juan XXIII
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